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Cuando la Argentina se plantó y amenazó con no pagarle a Washington: ¿puede repetirse?

En 2002, cuando el FMI no quería firmar un acuerdo con el país, el gobierno nacional pateó el tablero cuando debía cubrir un vencimiento con el Banco Mundial. Qué similitud hay con la situación actual.

Artículo original publicado el domingo 24 de octubre por Martín Kanenguiser en Infobae

Este diálogo se produjo hace casi 19 años. ¿Se repetirá conceptualmente en los próximos meses, con otros protagonistas?

- Anoop (por Singh, director del Departamento del Hemisferio Occidental 2002-2008 del FMI), queremos informarte que el gobierno decidió no pagarle al Banco Mundial.

- Ah, felicitaciones, ésta es una muestra de la voluntad que tienen para acordar.

El entonces secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, observó extrañado a su jefe de asesores, Sebastián Palla, por la respuesta del auditor indio y retomó la conversación con la mayor delicadeza posible:

- No, me parece que no entendiste: ¡nosotros no pagamos!

Del otro lado del teléfono, la expresión del nuevo titular del Departamento del Hemisferio Occidental, quien había reemplazado como auditor regional a Claudio Loser, el argentino que fue acusado por la durísima subjefa del Fondo, Anne Krueger, de ser demasiado condescendiente con su propio país. Además, con Loser se cumplió el precepto de que cuando hay una crisis grande entre un país testigo y el Fondo, quien paga los platos rotos es el staff técnico.

El miércoles 13 de noviembre del 2002 por la noche Singh se había comunicado con el presidente del BID, Enrique Iglesias, para asegurarle que al día siguiente la Argentina cumpliría con un vencimiento con el Banco Mundial por USD 809 millones.

La Argentina ya había informado que no abonaría USD 250 millones correspondientes a una cuota de un bono garantizado por la entidad encabezada por James Wolfensohn, “para no discriminar entre sus acreedores privados”, que sufrían el default declarado a los aplausos por el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá a fines del 2001.

Luego de haber girado USD 3.500 millones desde enero a los organismos multilaterales, la eventual cesación de pagos de los USD 809 millones era la bala que le restaba al Gobierno para persuadir al FMI de la necesidad de acordar cuanto antes. El organismo había dejado de girarle dinero a la Argentina en los meses previos a la caída del gobierno de Fernando De la Rúa y no quería retomar un programa hasta no tener certeza sobre el rumbo adoptado por el mandato interino de Eduardo Duhalde.

En particular, exigía que el gobierno subiera las tarifas de los servicios privatizados un 30%, eliminara las cuasi monedas y los planes de competitividad creados en 2001 por Domingo Cavallo que quedaban en pie.

El entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, viajó a Washington de apuro con una serie de gráficos que exhibían una recuperación en el nivel de actividad, las reservas y una fuerte baja del gasto primario, contra el pronóstico de la mayoría de los consultores privados y del Fondo. Ninguno de estos avances conmovió ni al staff ni a los ejecutivos del organismo que conducía Horst Köhler, quien consideraba que la ayuda brindada con el “blindaje” durante el mandato de la Alianza ya era demasiado dinero para el país, aunque en 2002 la sociedad había estallado en pedazos tras la ruptura de la convertibilidad, con un nivel de pobreza cercano al 55 por ciento.

El 14 de noviembre el ministro llamó a Duhalde desde la capital de los Estados Unidos y le aconsejó no pagar. En Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, soplaba al oído del presidente exactamente la recomendación opuesta, en sintonía con el deseo de la mayoría de los funcionarios del entorno duhaldista.

Sin embargo, una vez más, Eduardo Duhalde decidió respaldar la estrategia de Lavagna, el funcionario en el que delegó más poder que en ningún otro ministro de su gabinete durante su corta gestión, y la Argentina sólo giró USD 79 millones en intereses como un pago simbólico para no romper formalmente el diálogo con Washington.

Los funcionarios del Banco Mundial se enfurecieron y denunciaron una política de “chantaje”. Si bien la decisión no tuvo un impacto económico importante en la cartera de la entidad, se transformó en una señal de alerta para los accionistas del banco y del Fondo.

En este sentido, el semanario británico The Economist advirtió que, con el default a los organismos, el país ingresaría al “club de muertos financieros, que incluye a Zimbabue, Irak, Liberia y las islas Seychelles”.

Sin embargo, una semana más tarde, el ministro iniciaba una gira por París, Berlín, Roma y Madrid que torcería en forma definitiva el curso de la negociación. Lavagna explicó “en persona” la situación argentina a cada uno de los ministros de Finanzas de los principales socios europeos del Fondo.

Su escala más complicada fue en la capital alemana, ya que la administración socialdemócrata de Gerhard Schroeder se mantenía en una postura intransigente, que algunos funcionarios de Economía relacionaban con la decisión del gobierno argentino de rescindirle el contrato para confeccionar los documentos de identidad a una empresa de ese país.

Durante esta ronda de consultas, el ministro Lavagna percibió que Krueger les retaceaba información a los representantes del board en la reunión semanal que solían mantener.

Eduardo Amadeo, embajador ante EE.UU. en 2002, recordó que “Krueger no tenía fundamentos para oponerse a un acuerdo; estábamos tratando de salir de la crisis y la situación tendía a mejorar; es imposible de comparar con la situación actual: había un presidente en Argentina que mandaba sin dudar y un rumbo claro, habíamos evitado un estallido inflacionario y el país se recuperaba”.

El regreso de Lavagna a Buenos Aires pareció más relajado; el gobierno debía pagarle USD 977 millones al FMI a mediados de enero 2003 y los ministros de Finanzas ya sabían qué actitud podía la Argentina tomar si la firma del programa seguía en posición de espera.

Pero Krueger se fastidió con la gira de Lavagna y lo llamó a Nielsen para expresarle su disgusto. “Yo me opongo al acuerdo y por lo tanto no va a salir”, le advirtió la dura funcionaria, mientras el secretario de Finanzas realizaba complicadas maniobras con su automóvil en el barrio de Belgrano, para eludir una manifestación de protesta del movimiento piquetero y poder llegar a la casa del ministro con la intención de festejar la Nochebuena del 2002, cuando la deuda soberana se ubicaba en USD 137.320 millones.

Tras sufrir en 2002 una inflación del 40%, un aumento de la pobreza del 35,4% al 54,3% y una recesión del 11% -que en términos acumulados se estiraba al 20% desde 1998- la amenaza de Anne Krueger se cumplió a medias: un año entero después de renegar y patalear, el directorio del FMI aceptó salir de sus cánones tradicionales y firmar un programa de ocho meses con la Argentina para refinanciar USD 6.870 millones a cambio de metas poco ambiciosas.

En un caso que parece no registrar otros antecedentes en la historia del organismo, la aprobación del programa -que se logró con el voto de la mayoría de los directores y la abstención de Holanda, Bélgica, Suecia y Australia, entre otros países- se produjo aunque el staff formalmente le propuso al director gerente que recomendara al board la decisión opuesta.

En este sentido, el informe que Krueger preparó para el encuentro sentenciaba que la bendición le permitiría al presidente Duhalde obtener “ventajas” para perpetuarse en el gobierno, una premisa que no se concretó pese a las aspiraciones del ex gobernador bonaerense, quien, ante la deserción de otros candidatos, terminó ungiendo a un hasta entonces desconocido gobernador de Santa Cruz quien, junto con su esposa y sucesora, pasaron a dominar al peronismo hasta la actualidad.

¿Volver al futuro?

La pregunta de algunos expertos es si es posible que se reedite aquella tensión en los próximos meses si la Argentina y el FMI no llegan a un acuerdo para el repago del saldo de USD 44.000 millones girados desde 2018, con algún atraso incluido, como en 2002.

Al respecto, los ex secretarios de Finanzas y ex negociadores con el FMI Daniel Marx y Miguel Kiguel afirmaron que habrá picos de desacuerdos, peleas retóricas, pero aclararon que el Gobierno no tiene margen para no llegar a un acuerdo con Washington.

“El problema principal no es ni la sobretasa ni el grado de flexibilidad del FMI sobre el programa, sino el plan económico del país” (Marx)
“Puede pasar cualquier cosa, porque parece todo muy cambiante, pero no sé si un gesto como el del 2002 sirve para algo, porque el programa se le hubieran dado igual al país. Y además el Banco Mundial tiene reglas más flexibles que el FMI”, dijo Marx. “Tiendo a pensar que habrá un acuerdo, pero en el medio habrá muchos capítulos de tire y afloje”, aclaró.

Acerca de el estado actual de la negociación, Marx aclaró que “el problema principal no es ni la sobretasa ni el grado de flexibilidad del programa, sino el plan económico del país, algo que recién ahora el Gobierno está empezando a tener en cuenta para negociar”.

De todos modos, Marx consideró que no hay margen para que no haya acuerdo. “Es difícil escaparse, 2021 pudo transcurrir con elementos que no se van a repetir en 2022″, como el alto precio de la soja y la nueva asignación de los derechos especiales de giro (DEG).

En tanto, Migue Kiguel destacó que “a diferencia del Banco Mundial, al FMI hay que pagarle los atrasos antes de firmar un nuevo programa”.

“Nadie quiere el fin de la Argentina, pero tampoco aceptarán un programa sin contenido no. Argentina está tan complicada que no me imagino un programa light, sobre todo por el tema cambiario, que con este cepo no puede funcionar. No se puede seguir con esta brecha del 80%, porque además vas a tener a las empresas del G7 presionando”.

“El Gobierno no quiere hacer nada: ni devaluar, ni subir la tasa, ni ajuste fiscal. Así es difícil pensar en un programa”, admitió Kiguel.

Al respecto, un dirigente del justicialismo agregó que “sin una mayor claridad política después de las elecciones dentro del gobierno no hay acuerdo posible, porque es posible que, antes de la imagen de la firma de un acuerdo, prefieran seguir con sus banderas de siempre”.

“Van a buscar arreglar los vencimientos de 2022 con DEG de otros países y con el adelanto de liquidación de las exportaciones. Es muy difícil pensar que un acuerdo formal pase por el Congreso, pero más por el Frente de Todos que por la oposición”, se lamentó el dirigente, que, como otros, ya empieza a mirar cómo se barajarán las cartas en 2023, sin poder eludir varios sacudones hasta entonces.

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