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Cristina Kirchner confesó los datos de inflación en su Gobierno y podría consolidarse su juicio por manipulación de los datos del Indec

Tras los dichos de la vicepresidente en torno de cifras diferentes a las informadas en su gestión, se robustece la acusación contra Moreno y otros funcionarios acusados de varios delitos; la fiscalía espera más pruebas para el arranque del debate oral y público.

Artículo origina publicado por Martín Kanenguiser en Infobae, el 10 de mayo de 2022.

La justicia federal podría consolidar sus pruebas en la causa por la manipulación de los datos del Indec con las recientes afirmaciones de la vicepresidente Cristina Kirchner sobre la inflación durante su segundo mandato.

También, sus frases sobre la inflación del viernes pasado, cuando afirmó que la suba de los precios en 2014 y 2015 había sido bastante superior a la informada en aquel momento en forma oficial, podrían ser tomadas como prueba por los bonistas que quieren condenar al Gobierno en los tribunales de Nueva York y Londres por la manipulación de los datos del PBI, al igual que el contraataque de Alberto Fernández, quien fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner cuando comenzó esta maniobra en 2007.

Fuentes relacionadas con el expediente local, que ya fue elevado a juicio oral, indicaron a Infobae que los dichos de Cristina Kirchner sobre la inflación del 2014 y 2015, que difieren de las cifras informadas en su momento por el Indec intervenido, podrían tomarse como parte de la prueba que incorpore la fiscalía en este proceso oral y público.

Si bien la causa se circunscribe a los hechos del 2006 y 2007, por decisión de la etapa de instrucción, si la fiscalía observara que hay un patrón o surgieran hechos nuevos durante el proceso que van más allá de esos dos años, podría incorporarlos al debate oral y público, indicaron calificadas fuentes judiciales a Infobae.

Sus frases sobre la inflación, cuando afirmó que la de los últimos dos años de su mandato habían sido bastante superiores a la informada, podrían ser tomadas como prueba por los bonistas.

El tribunal Oral Fiscal Número 2 es el que llevará adelante este caso, que en la etapa de instrucción estuvo a cargo, con pocos resultados, del ahora jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral, a partir de una denuncia del entonces fiscal de investigaciones Manuel Garrido, por falsedad ideológica, violación del secreto estadístico y abuso de autoridad. El fiscal del futuro juicio oral, Diego Luciani, agregó el delito de destrucción de documentos públicos a los otros tres.

Aunque Canicoba Corral sobreseyó al secretario de Comercio Interior de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, y al resto de los acusados (responsables del Indec durante esos años de ocultamiento de las cifras), la Cámara Federal revisó ese fallo en 2018 por decisión de los magistrados Martín Irurzun y Eduardo Farah y quedó en firme la elevación al juicio oral, a partir de la investigación que desarrolló el fiscal Carlos Stornelli.

Así, también irán a juicio Beatriz Paglieri, Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Filia. Por el caso también había sido acusada Ana Edwin, quien falleció en 2019.

Canicoba Corral siempre pensó que era muy difícil probar estos delitos a los funcionarios, pese a la abundante prueba ofrecida por Garrido y Stornelli, que no fue acompañada por más evidencia cuando se terminó la manipulación de los datos en 2016, ya que el gobierno de Mauricio Macri consideró que el costo fiscal de admitir este delito podía ser demasiado alto en los casos ligados a los bonos atados a la inflación.

Ahora, la fiscalía considera que hay prueba abundante -aportada en buena medida por los trabajadores del Indec que fueron desplazados por orden de Guillermo Moreno- y pidió algunos elementos suplementarios en el sector público y privado; cuando considere que esta etapa se cumplió, se fijará la fecha del juicio, para el segundo semestre de este año o principios del 2023. Entre estas pruebas, los funcionarios judiciales quieren ver qué elementos aporta la flamante causa por la denuncia contra la presunta manipulación de datos del Censo 2010.

Aunque a priori no está en la lista de testigos, una fuente con acceso al expediente consideró que “la pueden llamar tranquilamente a Cristina como testigo para que ratifique o no sus dichos”.

“Su frase fue selectiva, ya que habló del 2014 y 2015 cuando la manipulación comenzó y se mantuvo cuando ella asumió como presidente a fines del 2007, pero puede servirle al fiscal, claro”, agregó un abogado.

En cambio, otra fuente judicial aclaró: “Si hubiera que llamarla porque se investigaran los años 2014 y 2015, sería en carácter de imputada”.

Entre 2007 y fines del 2015, el Indec informó una inflación acumulada del 159,5%, mientras que el relevamiento de precios minoristas (RPM) de Eco Go, la consultora de Marina Dal Poggetto, llegó a 489,5%. La brecha se acumuló en las gestiones de Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lousteau, Carlos Fernández, Amado Boudou, Hernán Lorenzino y Axel Kicillof.

La demanda de los bonistas

A su vez, fuentes ligadas a los juicios que llevan adelante varios fondos de inversión en las cortes de Nueva York y Londres afirmaron que los demandantes “ya tomaron nota” de los dichos de Cristina Kirchner, para impulsar las causas en las que reclaman por el pago de los bonos ligados al PBI que ofreció el país durante las renegociaciones de la deuda del 2005 y 2010. En este caso, el reclamo se basa en que el gobierno de Cristina Kirchner habría informado un crecimiento menor al real para no pagarles ese cupón.

El experto Sebastián Maril recordó a Infobae que el fondo buitre Aurelius y otros demandantes “pidieron documentos en posesión de la Presidencia, Jefatura de Gabinete y el Indec. Veremos hasta qué punto Argentina los aporta”. Además, recordó que durante todo este año las partes podrán aportar pruebas, lo que no habrá una resolución en el corto plazo.

A fines del 2021, el tribunal federal de Nueva York de Loretta Preska –quien tomó a cargo las causas del fallecido Thomas Griesa– dispuso que la Argentina debía revelar la metodología que utilizó el Indec para medir la actividad económica en 2013, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

“Estas nuevas declaraciones de Cristina Kirchner y Alberto Fernández solo ayudarán a los bonistas extranjeros”, se lamentó un abogado experto en juicios de la deuda.

La decisión judicial se vincula con el juicio que le inició al país -en los Estados Unidos- Aurelius Capital Management, por la manera en que la Argentina calculó el PBI. En tanto, Aurelius tendrá que presentarle al tribunal los documentos que prueban la compra de títulos argentinos emitidos en dólares, luego de esa reestructuración de deuda.

En una presentación realizada hace dos años en una corte federal de Manhattan, Aurelius aseguró que la Argentina no realizó pagos de los cupones PBI vinculados a los bonos emitidos en sus reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010.

Según el fondo, el gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner manipuló las cifras del PBI de 2013 para evitar pagar a los tenedores de los títulos miles de millones de dólares. Por ese motivo, Aurelius cuestionó las estadísticas que elaboraba el Indec en aquel momento.

De acuerdo a los demandantes, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof había anunciado que el PBI de 2013 había crecido 4,9%, pero luego señaló que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9 por ciento.

En 2005, el gatillo para el pago era un crecimiento del 4% y el PBI creció 9%, mientras que en los siete años siguientes la Argentina creció un promedio del 7%, con un gatillo del 3,5%, indicó la agencia Bloomberg.

El cupón se abonaba siempre al año siguiente por el crecimiento pasado. En tanto, frente a la demanda, la Argentina afirmó que realizó todos los pagos de aquellos cupones, por un total de casi USD 10.000 millones, por lo cual reclamó al tribunal norteamericano que desestimara la demanda de Aurelius.

Maril, abogado y director de Latam Advisors, recordó que la demanda por el cupón PBI asciende a USD 1.200 millones y se disputa en los tribunales de Nueva York y de Londres. Se trata de otro costo oculto de la etapa de supuesto “desendeudamiento” del país, al igual que los casos pendientes por el default del 2001 y las causas por YPF, entre otras.

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