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Cuál es la batalla pendiente del Gobierno con el FMI previo a cerrar el acuerdo

Tarifas arriba de la inflación o debajo de los salarios: cuáles son los porcentajes planteados por las ambas partes en torno del aumento de los servicios de electricidad y gas para este año; qué falta para cerrar el programa técnico y enviarlo al Congreso

Artículo original publicado por Martín Kanenguiser en Infobae, el 25 de febrero de 2022.

El Gobierno tratará de ganar o empatar en los próximos días la última batalla que asegura que le resta para llegar a un acuerdo técnico con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI), en torno del nivel de aumento de las tarifas de los servicios públicos para este año.

Es una disputa que se circunscribe a tema cuantitativo pero que para el oficialismo también tiene un valor simbólico y por eso se puede titular épicamente como “Tarifas arriba de la inflación o debajo de los salarios”.

Así la plantearon a Infobae calificadas fuentes oficiales en Buenos Aires, que aseguraron que mientras el staff del organismo multilateral quiere que el incremento de las boletas se ubique por encima de la inflación esperada, el Gobierno plantea y necesita que queden por debajo de la suba de los salarios planteada para este año.

Traducido en números concretos, esto significa que el staff habría planteado en las últimas horas que el aumento de las tarifas para los usuarios debe llegar al 48 por ciento, dado que se espera una inflación muy superior al 40% que dejó trascender informalmente el Gobierno en las últimas semanas.

El staff del Fondo consulta en forma permanente sobre este tema con sus pares del Banco Mundial, que esta semana anunciaron que desembolsarán USD 2000 millones en créditos para el país.

En tanto, el Gobierno no quiere que el aumento de las tarifas vaya más allá del 36%, para que el salario en promedio le gane a la suba en las boletas.

Esta postura sería coherente con el incremento del 4% de los salarios que el Ministerio de Economía planteó para este año en el presupuesto 2022 que no fue debatido por el Congreso Nacional.

En otros despachos oficiales afirman que la diferencia era de 60 a 30, pero admitieron que el panorama cambia bastante con el correr de las horas.

Por ahora, el Enargas aprobó aprobó cuadros tarifarios de transición cuyos impactos en factura promedian el 20% para los usuarios residenciales del servicio de gas por redes a nivel nacional, en tanto que para los usuarios del servicio general P (PyMEs y comercios) la adecuación ronda -también en promedio- el 15 por ciento.

En cuanto a la electricidad, el secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró a Radio 10: “Tengo el mandato del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que la evolución de las tarifas tiene que ir por debajo de los salarios”. En este sentido, explicó que la suba del gas tendrá un impacto del “20% en las facturas residenciales”, en tanto que el ajuste de la electricidad en el AMBA “será del 22%”. “Lo importante es que evolucione por debajo del bolsillo y los salarios, y no tengo otra indicación” respecto de incrementos adicionales a lo largo del año, indicó el secretario de Energía de la Nación.

Los próximos días serán clave para ver si se acorta la brecha entre ambas posturas, pero las fuentes oficiales en Buenos Aires son optimistas. “Partimos de una diferencia de 60 a 20 y ahora ya estamos en 48 a 36 por ciento”, indicó. De inmediato, ratificó que el Gobierno no puede ceder mucho más en esta materia que, afirman, sería la única relevante que queda por acordar para que el staff dé a conocer el staff level agreement y por lo tanto el Poder Ejecutivo envíe el acuerdo técnico al Congreso Nacional, donde el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, trabaja para que el proyecto se apruebe sin demora.

Luego, llegará el momento de tejer una ardua estrategia de diplomacia económica internacional para que el acuerdo técnico sea aprobado por el directorio. Algunos observadores se preguntan cuánto incidirá la postura del gobierno argentino frente a la invasión rusa a Ucrania en esta cuestión, luego de que embajadores de varios países le pidieran a la Casa Rosada una definición más tajante en contra de los planes de Vladimir Putin.

El tiempo no juega a favor, ya que falta menos de un mes para el próximo vencimiento de capital con el FMI y el Gobierno quiere llegar a un acuerdo antes para no desembolsar los USD 2900 millones que debería pagar el 22 de marzo. Este año, sin acuerdo, debería pagar USD 19.000 millones, una cifra imposible para las finanzas públicas argentinas. Empresarios y observadores dan por descontado que el Gobierno finalmente accederá a firmar el acuerdo, pese a sus disidencias internas, dado que el escenario opuesto sería muy complejo en materia inflacionaria y cambiaria, como lo admitiero el propio presidente Alberto Fernández, el ministro Martín Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

El FMI publicó a fines de enero un entendimiento preliminar con el Gobierno -en el que destacó la necesidad de reducir los subsidios energéticos- que contenía las proyecciones fiscales y monetarias necesarias para avanzar en la negociación del programa de refinanciación de la deuda argentina en un plazo de 10 años, denominado acuerdo de facilidades extendidas, aunque la Argentina no cumpliría con la mayoría de los parámetros objetivos para conseguirlo.
El organismo, que no quiere hacer comentarios sobre las proyecciones que todavía están bajo discusión, forzará el contrapunto hasta donde pueda, aunque bajo la premisa de aceptar un acuerdo “pragmático y razonable” para que el país no caiga en default. Habrá que ver en qué porcentaje concreto de aumento de las tarifas se traduce ese concepto.

Si los consultores privados plantean en promedio que la inflación será del 55% este año y el Gobierno el 40%, ¿podrá sellarse la tregua en torno del 45 por ciento de aumento de las tarifas?

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