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En CABA calculan una pérdida de $67.500 millones el último año por la quita de fondos del Gobierno nacional

Un año atrás, el presidente Alberto Fernández aplicaba esta polémica medida que luego fue votada por el Congreso. Fue uno de los primeros cortocircuitos con Rodríguez Larreta, quien sigue a la espera de una definición de la Corte.

Artículo original publicado por Martín Kanenguiser en Infobae

Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires dejaron de recibir 67.500 millones de pesos en el último año por el recorte de fondos que decidió en forma unilateral el gobierno nacional hace un año exactamente.

Las cifras oficiales del gobierno porteño indican que desde el 9 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2020 la Nación dejó de girarle $ 15.500 millones y desde enero pasado hasta ayer fueron otros $ 52.000 millones.

A fin de este año, esa cifra llegará a $ 76.000 millones, equivalente al pago del salario de todo el año de los 55.000 docentes porteños y al 12% del presupuesto porteño para 2021, según fuentes oficiales.

En este sentido, la economista y precandidata porteña Milagros Gismondi expresó que “hace justo un año, mediante una decisión unilateral, inconsulta e inconstitucional, el Gobierno Nacional les quitó fondos a los porteños. Se le sacó a la anteúltima provincia (CABA) para darle a la última: la Provincia de Buenos Aires (PBA). Extraña manera de encarar una discusión inconclusa desde la Constitución del 94”.

“Pero no sólo se modificó la coparticipación; también hay favoritismo a la Provincia de Buenos Aires mediante transferencias discrecionales. De enero a agosto la PBA recibió el 59% de las transferencias alimentarias, CABA 0%. PBA recibió el 58% del total a provincias de Asistencia Financiera (no se devuelve), CABA 0%”.

“De enero a agosto, en total de transferencias (copa y discrecionales) PBA recibió $ 70.000 millones más que en igual período de 2019 y CABA $ 62.000 millones menos”, indicó Gismondi.

Cabe recordar que el diálogo político está frenado, porque el gobierno porteño pretende que se haga bajo la supervisión de la Corte Suprema, que tiene a su cargo el pedido de la administración de Horacio Rodríguez Larreta de dar marcha atrás con el recorte del gobierno nacional.

Hubo tres reuniones en ese marco, encabezadas por el ministro de Hacienda Martín Mura por la Ciudad (junto con el procurador Gabriel Astarloa y el ministro de Seguridad y Justicia Marcelo D’Alessandro), pero no se generó ningún avance significativo, entre otros motivos porque el gobierno nacional solo envió a tres abogados del ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.

Ante la falta de acuerdo, el gobierno porteño le pidió al Alto Tribunal que hiciera correr los plazos procesales de 60 días hábiles que tiene el gobierno nacional para responder a la demanda porteña.

Por otro lado, la posibilidad de solucionar el tema en términos políticos quedó obturada cuando el gobierno nacional ratificó el recorte por la vía de una ley, que, entre otros, fue apoyada por los legisladores nacionales que representan al distrito porteño.

Esta norma aprobada por el Congreso de la Nación determina que, a partir de 2021, los recursos del Servicio de Seguridad para la Ciudad se establecerán mediante una suma fija de $24.500 millones anuales, actualizada trimestralmente a año vencido. Sin embargo, con la ejecución del tercer trimestre del 2020 presentada ante la Legislatura de la Ciudad, el servicio de Seguridad Pública en el distrito ya registra un gasto de $ 48.000 millones. Es decir que, si tuviera que pelear en la “mesa de negociación” que fijó la ley, la Ciudad debería conseguir al menos el doble de lo que se le otorgó para pagar sus gastos en seguridad.

Además, con la mencionada ley, este giro de fondos que hasta septiembre del 2020 eran automáticos y no discrecionales, ahora deberán discutirse en términos políticos con el Tesoro Nacional y con plazos que podrán ser manejados por el Gobierno.

Al respecto, el presidente de la comisión de presupuesto de la Legislatura porteña, Claudio Romero, dijo a Infobae que “el fuerte recorte de fondos hizo que los gastos en obra y mantenimiento se hayan frenado bastante”.

“El recorte de 65 mil millones es un daño terrible, porque representa todo el salario del área de educación, entre docentes y no docentes”, detalló el legislador, escéptico por la posibilidad de llegar a un acuerdo, sobre todo en un año electoral.

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